El próximo 13 de junio, como antesala del Mundial de Rusia 2018, las 207 naciones miembros de la FIFA votarán sobre la sede de la Copa del Mundo de 2026. Precisamente, un grupo de técnicos en representación de la FIFA ha llegado a una de las candidatas, Marruecos, para evaluar sus instalaciones e infraestructuras y comprobar si el país africano cumple los requisitos necesarios para organizar el campeonato de selecciones más importante del planeta. Pero aunque sus estadios pasen el examen, tal vez sea otro aspecto, de índole social, el que tumbe el plan marroquí en beneficio de otros aspirantes, como por ejemplo la unión norteamericana de Estados Unidos, Canadá y México. 

Según una información publicada por Associated Press, la documentación enviada por Marruecos a la FIFA enmascara la postura de la nación del Norte de África sobre el colectivo LGBTI, un lugar en el que las relaciones entre personas del mismo sexo es considerado como delito (de seis meses a tres años de prisión). De acuerdo con este medio, la candidatura marroquí no considera como un elemento de riesgo su legislación vigente, concretamente el artículo 489 de su Código Penal, y tampoco ofrece ninguna posible solución al respecto. 

Pero a Marruecos no le importa. El Gobierno del país contrató a una consultora, Roland Berger, para venderle su proyecto a la FIFA. Su oferta es de 5.000 millones de dólares para el organismo balompédico, además del colosal ingreso económico para la nación, en torno a los 2.700 millones entre el próximo año y 2026. Donde el asunto cojea es en la parte en la que se prometen impulsar “políticas comprometidas con el medio ambiente y los derechos humanos”. 

Es precisamente esta última parte la que no resulta creíble, al tratarse de un lugar en el que puedes acabar entre rejas por tu orientación sexual. El problema para ellos es que, de cara al Mundial 2026, la FIFA modificó sus estatutos después de las votaciones que desembocaron en la polémica elección de Qatar para 2022. Ahora, según la Secretaria General Fatma Samoura, estos torneos deberán celebrarse en “entornos libres de discriminación”. 

Así pues, la FIFA se la juega, otra vez. Si entrega las llaves del Mundial a una nación con leyes incompatibles con su nueva normativa regresará irremediablemente a esa oscura etapa de corrupción permanente que intenta dejar atrás. Resurgirán las sospechas en torno a los amaños. Y la Copa del Mundo se celebraría en un lugar donde miles de aficionados y aficionadas no podrán ser libres como se merecen. El desenlace definitivo, el 13 de junio. 

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