La Corte Suprema ha acabado con una de las grandes pantomimas del deporte en Estados Unidos. Con seis votos favorables y tres en contra, la máxima instancia judicial ha derogado la prohibición de las apuestas deportivas, dando la razón a la causa que defendía desde hace seis años el estado de Nueva Jersey para legalizar una práctica que solo estaba permitida en el estado de Nevada, el hogar de la ciudad de Las Vegas y sus múltiples casinos en los que, según ESPN, en 2017 se movieron del orden de 5.000 millones de dólares apostando a resultados.  

La decisión del tribunal tumba la oposición a la liberalización del juego que abanderaban las principales competiciones del país (NFL -fútbol americano-, NBA -baloncesto-, NHL -hockey sobre hielo- y MLB -béisbol-), así como la NCAA, asociación del muy popular deporte universitario. El fallo termina con una batalla legal iniciada en 2012 por el entonces gobernador Chris Christie con la excusa de que las apuestas darían un impulso a la economía de Nueva Jersey. Hasta ahora las ligas habían ido ganando en las sentencias previas, pero en la última instancia se ha tumbado la PAPSA (Acta de Protección del Deporte Profesional y Aficionado) vigente desde 1992. 

La decisión de la Corte Suprema dicta que “el Congreso puede regular las apuestas deportivas directamente, pero si elige no hacerlo, cada estado es libre de actuar como quiera”, resolviendo que la PAPSA no era coherente con la Constitución. Tampoco lo era con una realidad cada vez menos clandestina. Las apuestas sobre resultados forman parte de la conversación cotidiana del deporte en Estados Unidos, con referencias constantes a las cotizaciones de Las Vegas para hablar de los pronósticos para una competición. Ahora Nueva Jersey, y tras él otros muchos estados, podrán lucrarse otorgando licencias para establecimientos en los que apostar. 

Estados Unidos pierde los remilgos a la siempre sospechosa convivencia entre el mundo del deporte y las apuestas que, por ejemplo, han ido desapareciendo en el fútbol europeo, donde cada vez abundan más incluso los patrocinios de casas de juego en clubes. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ya había ido relajando últimamente la oposición de la liga profesional de baloncesto a este cambio: “Me preocupa que se me retrate como alguien a favor de las apuestas deportivas. Me veo más como alguien a favor de la transparencia, alguien que es realista en los negocios”. Ahora, cuando el fin de la prohibición es una realidad, Silver ha declarado en un comunicado que “independientemente de las particularidades de cualquier ley futura sobre apuestas deportivas, la integridad de nuestro deporte permanece como nuestra mayor prioridad”. 

La MLB ha reaccionado con una fórmula muy similar, estableciendo que “la prioridad más importante es proteger la integridad de los partidos”. El jefe de la oficina legal de la NCAA, Donald Remy, afirma que “mientras estamos analizando las consecuencias para el deporte universitario, ajustaremos las políticas sobre las apuestas y premios para que se alineen con lo decidido por la Corte”. La NFL ha ido más allá, reclamando que se pronuncie el Congreso “para elaborar un marco regulador para las apuestas deportivas”. 

A mediados de abril, los sindicatos de jugadores de las ligas profesionales ya habían anticipado esta resolución, poniendo sobre la mesa el “impacto de la legalización del juego en la privacidad de los jugadores y sus derechos de publicidad, la integridad de los partidos y la volatilidad de nuestros negocios”. “Los deportistas deben tener también un asiento en la mesa para asegurar que los derechos de los jugadores y la integridad de los partidos estarán protegidos”, avanzaban. 

Como es comprensible, las primeras manifestaciones públicas apelan a preservar la pureza del deporte y velar para que no sea manipulado con ánimo de lucro. Sin embargo, en cuanto se disipe la polvareda y algunos estados comiencen a anunciar sus planes sobre las apuestas, serán otras las preocupaciones que ligas y deportistas formularán en voz baja: “¿Cuánto saco yo de esto?”. 

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